El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha introducido diversas novedades para intentar agilizar la gestión de los fondos Next Generation en diferentes ámbitos.
Uno de los ámbitos afectados es el de las subvenciones, para intentar agilizar trámites en los procedimientos de subvenciones sin que ello implique una merma de los principios y garantías esenciales que rigen el gasto público subvencional, especialmente la transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión de este gasto público.
Una de las novedades que presenta esta norma en relación con las subvenciones es el de flexibilizar la justificación de la aplicación de las subvenciones, estableciéndose en el artículo 63 de la norma las siguientes singularidades:
– Se eleva el umbral económico previsto en el artículo 75 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, para la presentación de una cuenta justificativa simplificada por parte del beneficiario de la subvención, ampliándose dicho importe hasta los 100.000 euros.
– Por lo que se refiere al contenido de la cuenta justificativa, previsto en el artículo 72 del citado Reglamento, las bases reguladoras podrán eximir de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros.
– Se eleva hasta 10.000 euros el límite de 3.000 euros para acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social contemplado en el artículo 24 del Reglamento.
– Para los supuestos en que las solicitudes deban venir acompañadas de memorias económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las mismas, en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.
